Resumen: En base al reiterado criterio del Tribunal Supremo y de las Sentencias dictadas a propósito del método de valoración catastral por coeficiente (art. 57.1.b de la LGT), en las que se establecen criterios de actuación perfectamente aplicables a este otro método, en la concreta forma en que aquí se ha aplicado, cabe afirmar que, en este caso, nos encontramos con una valoración abstracta, no individualizada, que aplica unos valores que no se encuentran en el expediente, con remisión al administrado a páginas Web, con explicación insuficiente o falta de explicación de coeficientes aplicados, sin que se pueda apreciar que se haya visitado el inmueble. De ahí que se rechace por la Sala la valoración efectuada por la administración en la comprobación de valores.
Resumen: No ha lugar, por pérdida sobrevenida de interés casacional, al recurso de casación interpuesto contra sentencia que,estimando la demanda reconoció el derecho a la prolongación en el servicio activo y consiguiente incorporación a su puesto de trabajo. La CCAA había impugnado varias sentencias que estimaron los recursos formulados por personal estatutario de las instituciones sanitarias de la Consejería de Sanidad a los que se les había denegado su petición de prolongación en el servicio activo al llegar a la edad de jubilación y se había declarado su jubilación forzosa. Las sentencias recurridas anularon las resoluciones impugnadas en instancia porque, en una sentencia anterior, a la sazón confirmada por el TS, que declaró la nulidad del Decreto autonómico que constituía el soporte normativo de los actos impugnados, normas que, por ello, han resultado expulsadas del ordenamiento jurídico. Los recursos de casación interpuestos por la Comunidad Autónoma, fueron desestimados por el TS, lo que conduce también a la desestimación de este recurso de casación porque se fundamenta en argumentos similares a los que han inspirado esos precedentes y respecto de una sentencia idéntica a las que fueron impugnadas en ellos. Siendo nula de pleno Derecho la norma que prestaba cobertura al acto administrativo impugnado la fundamentación de la denegación de la prolongación de servicio se ha sustentado explícitamente sobre una norma declarada nula, lo que lleva a desestimar el recurso.
Resumen: La Sala acuerda la devolución de la causa al Juzgado de lo Penal para que, el mismo Juez que presidió el juicio y dictó la sentencia, anulándola para que dicte la que corresponda valorando todas las pruebas que allí se practicaron, incluida la improcedentemente anulada. Se coincide en que la declaración del imputado prestada sin las debidas garantías procesales no puede ser valorada, y que se debe rechazar la validez probatoria de la declaración del denunciado no detenido prestada ante la Policía judicial sin asistencia letrada, sin embargo la falta de validad de la declaración durante la que se obtuvo su consentimiento para la fotografía de su tatuaje en el brazo, la subsanó el propio interesado al declarar a presencia judicial ya en calidad de "imputado", con información de todos sus derechos y con la asistencia de su abogado defensor, durante la cual ratificó la declaración prestada ante la Guardia Civil, añadiendo que había visto el vídeo por el que se le implicaba en la sustracción aunque objetaba que el individuo de las imágenes presentaba una mancha en el glúteo derecho que él no tenía.
Resumen: En el caso de autos, la tipificación de la conducta como infracción grave sancionada en el art. 61.h se fundamenta, según la resolución recurrida, en que existió alteración del precintado porque la etiqueta utilizada para ello era falsa. Las etiquetas utilizadas no se correspondían con las asignadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino que portaban los anagramas de la Generalitat de Cataluña, y sin embargo las numeraciones que se indican en la resolución recurrida muestra que no habían sido asignadas a la empresa. La sanción fijada en la resolución de 13 de enero de 2016 es la suma de las cantidades mínimas que corresponden a cada una de las infracciones cometidas, por lo que cada una de ellas ha sido sancionada en el límite inferior de lo establecido en la ley. No cabe entender, por tanto, que en la fijación de la sanción se haya infringido el principio de proporcionalidad, ni que proceda una reducción de la cuantía de la sanción impuesta.
